El Precedente de Manizales: Una Interpelación al Saneamiento Rural en el Magdalena

Bahia de Santa Marca-Contaminación

Ciudadano del Mañana Hoy-Fundesolidario – Indagaremos cuantas PTAR existen en el sector rural del departamento del Magdalena y por ello preguntamos utilizando este medio virtual.

Un reciente fallo emanado del Consejo de Estado, referente a la imperiosa necesidad de construir y optimizar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona rural de Manizales, constituye un hito jurisprudencial cuyo eco debe resonar con particular intensidad en nuestro propio territorio. La decisión del alto tribunal trasciende la geografía caldense para erigirse en un principio universal de justicia ambiental y dignidad humana: la obligación ineludible del Estado de garantizar el saneamiento básico a sus comunidades rurales. No se trata, pues, de una noticia local, sino de un espejo en el cual debemos mirarnos con urgencia y honestidad, para cuestionar la condición de nuestros propios campos y veredas en el vasto departamento del Magdalena.

La problemática descrita en la acción judicial que motivó el fallo —la contaminación de fuentes hídricas, los vertimientos sin control y la omisión estatal a pesar de la existencia de planes y programas— dibuja un escenario que, lamentablemente, no nos resulta ajeno. ¿Acaso podemos afirmar con certeza que las quebradas que descienden de la Sierra Nevada o los caños que serpentean por la Zona Bananera están exentos de una degradación similar? La sentencia subraya que la ausencia de infraestructura adecuada no solo genera graves impactos ambientales, sino que además vulnera la salud y la dignidad de miles de familias. Este argumento, de una lógica aplastante, nos obliga a trasladar la reflexión desde las montañas de Caldas hasta las llanuras y estribaciones del Magdalena, un territorio de una riqueza hídrica inconmensurable que, paradójicamente, adolece de una sed histórica de soluciones estructurales.

Movidos por esta coyuntura jurídica, que sienta un precedente de alcance nacional, nos vemos en la obligación cívica de abrir un debate público fundamentado en datos concretos. Por ello, indagaremos, utilizando este medio virtual como plataforma de pesquisa cívica, cuantas PTAR existen en el sector rural del departamento del Magdalena. Pero la indagación no puede detenerse en una simple cifra. Es menester profundizar: ¿Cuál es el estado operativo real de estas infraestructuras, si es que existen? ¿Funcionan bajo los parámetros técnicos y permisos ambientales requeridos, o son meras estructuras nominales cuya inoperancia perpetúa la contaminación que pretenden mitigar? ¿Cuántos de nuestros corregimientos, caseríos y veredas vierten sus aguas servidas directamente a los cuerpos de agua, en un ciclo pernicioso que atenta contra el ecosistema y la salud pública?

Esta pesquisa no es un ejercicio meramente técnico; se inscribe en una visión más amplia que, desde la iniciativa Fundesolidario, hemos denominado la formación del Ciudadano del Mañana Hoy. Concebimos que no es posible forjar una ciudadanía plena, consciente de sus deberes y derechos, en un entorno marcado por el abandono y la insalubridad. La dignidad de una comunidad comienza con el acceso a servicios básicos esenciales, y el saneamiento del agua es, quizás, el más fundamental de todos. Un niño que crece junto a un río contaminado es un ciudadano cuyo derecho a un ambiente sano ha sido vulnerado desde su infancia. Una comunidad agrícola que depende de fuentes hídricas degradadas es una comunidad cuyo potencial productivo y bienestar están perpetuamente amenazados.

Por tanto, la sentencia del Consejo de Estado para Manizales no es una solución, sino una interpelación directa a la dirigencia y a la sociedad civil de Santa Marta y el Magdalena. Nos provee de una ruta jurídica y moral para exigir que la deuda histórica con el campo magdalenense comience a saldarse. La salud de nuestros ecosistemas y la dignidad de nuestra gente no son asuntos aplazables ni secundarios; son la condición sine qua non para el desarrollo auténtico y la paz territorial. La respuesta que encontremos a nuestra indagación determinará la magnitud del desafío que, como sociedad, estamos obligados a afrontar.

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